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Nuevas medias aprobadas por el Consejo de Ministros, para paliar el impacto económico del COVID-19

Celeste I. Arella Scheines, 01/04/2020

Hoy, 01/04/2020, se publicó en el BOE el extenso Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Entre la gran cantidad de medidas adoptadas, y que deberán ser avaladas por el Congreso, especial interés han suscitado las que completan las ya aprobadas días antes para la protección de la vivienda habitual, de todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Entre estas medidas, y a grandes rasgos, encontramos las siguientes:

  • Suspensión de lanzamientos en procedimiento de desahucio.

El RDL 11/2020 establece que en todos los procedimientos de desahucios derivados de contratos de arrendamientos de vivienda en que la persona arrendataria (inquilino) acredite ante el Juzgado correspondiente encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica como consecuencia de la crisis del COVID-19, se procederá a la suspensión del acto de lanzamiento o de la vista (si no se hubiera señalado o celebrado) por un período máximo de seis meses. Esta suspensión deberá ir acompañada de la comunicación a los servicios sociales competentes para que articulen las medidas necesarias que den una solución habitacional adecuada.

  • Moratoria automática de las cuotas de alquiler cuando el propietario del inmueble sea gran tenedor o empresa o entidad pública de vivienda.

Cuando el propietario del inmueble (arrendador) sea titular de más de 10 inmuebles urbanos (se excluyen garajes y trasteros) o de una superficie construida de más de 1.500 m2, el arrendatario deberá solicitar en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma (es decir, a partir del 02/04/2020) alguna de las siguientes opciones:

a) Reducción del 50 % de la renta;

b) Aplazar el pago de la renta. Este aplazamiento supondrá el fraccionamiento (sin intereses) de las cuotas durante al menos tres años a contar desde el plazo de superación del estado de alarma.

En ambos casos, la medida afecta a las rentas devengadas durante el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo resultara insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19, y por un tiempo máximo de 4 meses.

En este caso, como en todos los supuestos abordados por la norma, se trata de proteger la vivienda habitual y no otro tipo de alquileres como los de segundas residencias, locales u oficinas.

  • ¿Quién está en situación de vulnerabilidad económica?

El artículo 5 del RDL 11/2020 regula las condiciones que deben acreditarse para considerar que el arrendatario que solicita las medidas anteriores se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Así, deben concurrir todos los requisitos establecidos que, a grandes rasgos, son:

a) Pérdida de ingresos. cuando el inquilino pase a estar en situación de desempleo, haya sufrido un ERTE o reducido su jornada si trabajaba en relación de dependencia, o que haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos de la unidad familiar en los casos de autónomos o empresas (total de personas que conviven en el domicilio en cuestión) inferiores a tres veces el IPREM, es decir, 1.613,52€ mensuales. Esta cantidad se incrementará en 53,78€ por cada hijo a cargo. El límite se incrementará a 4 veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33% o en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para trabajar. Y a 5 veces el IPREM si el obligado al pago de las rentas se encontrara en la situación de incapacidad indicada.

b) Que la renta más los gastos y suministros básicos sean iguales o superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar

Ahora bien, si tu vivienda habitual es de alquiler, pero eres propietario o usufructuario de otro inmueble, quedarás excluido de estas medidas.

  • ¿Qué puedo hacer si el propietario es un particular?

En este caso, la norma prevé (artículo 8) que aquellos arrendatarios que se encuentren en la situación de vulnerabilidad económica ya explicada, puedan solicitar al arrendador, en el plazo de 1 mes desde el 02/04/2020, el aplazamiento temporal o condonación total o parcial de la renta. No obstante, mientras en el supuesto de grandes tenedores éstos se encuentran obligados a aceptar alguna de las modalidades propuestas, la ley no obliga al propietario particular a aceptarlos.

Si bien siempre es aconsejable llegar a un acuerdo para evitar males mayores, en caso de que éste no sea posible, el arrendatario tendrá acceso al programa de ayudas transitorias que regula la propia norma en el artículo 9.

Estas ayudas consisten en créditos bancarios (avalados por el Estado) con un plazo de devolución de hasta 6 años, prorrogable excepcionalmente a otros 4, sin intereses. El importe máximo es el equivalente a 6 mensualida-des de renta.

Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros. Además, aquí te dejamos el link que te llevará directo al RDL 11/2020 para que puedas profundizar en cada una de las medidas aprobadas:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Prórroga del plazo de suspensión de lanzamiento al deudor hipotecario

Celeste I. Arella Scheines, 11/03/2020

Hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medias urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

Entre otras cuestiones, aborda la problemática de los desahucios de aquellas personas que, habiendo sido propietarias de su vivienda habitual, perdieron sus hogares a causa de las ejecuciones hipotecarias instadas por las entidades bancarias frente a los impagos de cuotas.

Ya en el año 2013, el gobierno aprobó la Ley 1/2013, de 14 de mayo, a fin de atajar la gran problemática que suponían los lanzamientos de aquellos deudores que habían perdido la propiedad pero que estaban inmersos en una situación de vulnerabilidad económica y/o social que los dejaba, literalmente, en la calle, sin alternativa habitacional.

Entonces, se aprobó la suspensión de los lanzamientos por un período de dos años. Este plazo, extremadamente corto dada la profundidad de la crisis económica que atravesaba el país, debió modificarse. Así, unos años más tarde, la Ley 5/2017, prorrogaba la prohibición de los lanzamientos hasta transcurridos siete años desde la entrada en vigor de la ley.

Los siete años se cumplían en el mes de mayo de 2020. A las puertas de una posible oleada de nuevos lanzamientos, en medio de un período de recesión económica, se acaba de aprobar una nueva prórroga que protege a un importante sector social.

La nueva normativa, modifica nuevamente el artículo 1 de la Ley 1/2013 y extiende el plazo de protección habitacional hasta los 11 años desde la aprobación de la ley, es decir, hasta el mes de mayo de 2024.

También flexibiliza los criterios para considerar que el entonces deudor hipotecario se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. Un ejemplo lo encontramos en la reforma del artículo 1.2.b). En la redacción original, se encontraban protegidas las unidades familiares monoparentales con, al menos, dos hijos a cargo, en tanto que la nueva redacción dada por el RDL 6/2020, extiende la protección a aquellas familias monoparentales con sólo un hijo a cargo.

Una decisión acertada, sin duda. Pero sigue siendo un parche que no da una solución real al gran problema de acceso a la vivienda que sufre nuestro país.