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El Gobierno aprueba la prórroga automática de las autorizaciones de estancia y residencia

Celeste I. Arella Scheines, 20/05/2020

En el día de hoy (20/05/2020) se publicó en el BOE la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dice la Orden que, con el fin de garantizar la seguridad jurídica que se ha podido ver afectada por el Estado de Alarma, debido a la imposibilidad de presentar las solicitudes de renovación de las estancias y residencias de extranjeros, es necesario dar una solución no sólo a los extranjeros afectados, sino también a los empleadores y demás operadores sociales y económicos.

Es una medida, entendemos, que servirá también para descongestionar las Oficinas de Extranjería del previsible aluvión de solicitudes que se hubiera producido de aquí a poco.

Así, determina que todas las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y las autorizaciones de estancia por estudios cuya vigencia haya expirado en los noventa días naturales previos al Estado de Alarma y durante éste, quedarán automáticamente prorrogados sin necesidad de notificación alguna, por un plazo de 6 meses desde la finalización del Estado de Alarma.

Dice también la norma que la prórroga quedará sin efecto cuando la resolución que recaiga en el procedimiento iniciado fuera más favorable para el interesado. Por ejemplo, si tengo una autorización de estancia por estudios que se venció y, al momento de solicitar la prórroga he solicitado una modificación a residencia y trabajo, tendré prorrogada de forma automática mi estancia por estudios. Pero si, antes de los 6 meses de prórroga me conceden la modificación, evidentemente esa prórroga automática caerá por la resolución más favorable.

Esta prórroga afecta tanto a quienes no pudieron presentar la solicitud de renovación por las circunstancias actuales, como a aquellos que sí la han presentado.

¿Debo esperar a que finalice esta prórroga para renovar? No, el artículo 1.6 establece que se podrá presentar en cualquier momento durante la vigencia de la prórroga y hasta 90 días naturales después. Pero, ¡cuidado! la nueva autorización o prórroga tendrá como fecha de inicio «el día siguiente al de la caducidad de la autorización prorrogada».

Te dejamos aquí la lista de autorizaciones y permisos que se ven beneficiadas por la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo.

Prórroga automática de 6 meses

  • Autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo
  • Autorizaciones de estancia por estudio, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, de más de 180 días. Quedan excluidos de esta prórroga automática las estancias formativas de extranjeros reguladas en el artículo 30 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero
  • Tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión Europea
  • Tarjetas de residencia de larga duración

Prórroga automática de 3 meses

  • Estancias de hasta 90 días (por ejemplo, quienes viajan como turistas). En este caso, la validez queda limitada al territorio español y el período de prórroga se computará para el cálculo de tiempo máximo autorizado para futuras estancias.
  • Visados de larga duración expedidos al amparo de un acuerdo de movilidad de jóvenes y los visados por estudios de hasta 180 días.

¿Qué pasa si estoy fuera de España y se me ha caducado mi permiso? Dice la norma que todos aquellos nacionales de terceros países que fueran titulares de autorización de residencia, estudios, etc, y se encontraran en el extranjero, podrán entrar a España con su pasaporte en vigor y la TIE o el Visado caducado.

Por último, se establece que la ausencia del territorio español como consecuencia de la imposibilidad de desplazarse con motivo de las medidas de restricción del COVID-19, no serán computadas a los efectos de acreditar la continuidad de residencia (ya sea para futuras renovaciones como para la obtención de la nacionalidad). Celebramos las medidas aprobadas que, aunque tarde, están dando una respuesta a miles de personas. Sin embargo, echamos en falta medidas adicionales como, por ejemplo, eximir de la obtención de visado a aquellos extranjeros que han obtenido su permiso de residencia y trabajo inicial encontrándose en España. Este tipo de resoluciones están condicionadas a la tramitación del visado, que debe realizarse ante las delegaciones diplomáticas en el país de origen. El problema que se nos presenta es que los desplazamientos internacionales no son posibles, por lo que estas personas están «atrapadas» en España con un permiso que se hará efectivo hasta que ese viaje pueda realizarse…

Nuevas medias aprobadas por el Consejo de Ministros, para paliar el impacto económico del COVID-19

Celeste I. Arella Scheines, 01/04/2020

Hoy, 01/04/2020, se publicó en el BOE el extenso Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Entre la gran cantidad de medidas adoptadas, y que deberán ser avaladas por el Congreso, especial interés han suscitado las que completan las ya aprobadas días antes para la protección de la vivienda habitual, de todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Entre estas medidas, y a grandes rasgos, encontramos las siguientes:

  • Suspensión de lanzamientos en procedimiento de desahucio.

El RDL 11/2020 establece que en todos los procedimientos de desahucios derivados de contratos de arrendamientos de vivienda en que la persona arrendataria (inquilino) acredite ante el Juzgado correspondiente encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica como consecuencia de la crisis del COVID-19, se procederá a la suspensión del acto de lanzamiento o de la vista (si no se hubiera señalado o celebrado) por un período máximo de seis meses. Esta suspensión deberá ir acompañada de la comunicación a los servicios sociales competentes para que articulen las medidas necesarias que den una solución habitacional adecuada.

  • Moratoria automática de las cuotas de alquiler cuando el propietario del inmueble sea gran tenedor o empresa o entidad pública de vivienda.

Cuando el propietario del inmueble (arrendador) sea titular de más de 10 inmuebles urbanos (se excluyen garajes y trasteros) o de una superficie construida de más de 1.500 m2, el arrendatario deberá solicitar en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma (es decir, a partir del 02/04/2020) alguna de las siguientes opciones:

a) Reducción del 50 % de la renta;

b) Aplazar el pago de la renta. Este aplazamiento supondrá el fraccionamiento (sin intereses) de las cuotas durante al menos tres años a contar desde el plazo de superación del estado de alarma.

En ambos casos, la medida afecta a las rentas devengadas durante el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo resultara insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19, y por un tiempo máximo de 4 meses.

En este caso, como en todos los supuestos abordados por la norma, se trata de proteger la vivienda habitual y no otro tipo de alquileres como los de segundas residencias, locales u oficinas.

  • ¿Quién está en situación de vulnerabilidad económica?

El artículo 5 del RDL 11/2020 regula las condiciones que deben acreditarse para considerar que el arrendatario que solicita las medidas anteriores se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Así, deben concurrir todos los requisitos establecidos que, a grandes rasgos, son:

a) Pérdida de ingresos. cuando el inquilino pase a estar en situación de desempleo, haya sufrido un ERTE o reducido su jornada si trabajaba en relación de dependencia, o que haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos de la unidad familiar en los casos de autónomos o empresas (total de personas que conviven en el domicilio en cuestión) inferiores a tres veces el IPREM, es decir, 1.613,52€ mensuales. Esta cantidad se incrementará en 53,78€ por cada hijo a cargo. El límite se incrementará a 4 veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33% o en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para trabajar. Y a 5 veces el IPREM si el obligado al pago de las rentas se encontrara en la situación de incapacidad indicada.

b) Que la renta más los gastos y suministros básicos sean iguales o superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar

Ahora bien, si tu vivienda habitual es de alquiler, pero eres propietario o usufructuario de otro inmueble, quedarás excluido de estas medidas.

  • ¿Qué puedo hacer si el propietario es un particular?

En este caso, la norma prevé (artículo 8) que aquellos arrendatarios que se encuentren en la situación de vulnerabilidad económica ya explicada, puedan solicitar al arrendador, en el plazo de 1 mes desde el 02/04/2020, el aplazamiento temporal o condonación total o parcial de la renta. No obstante, mientras en el supuesto de grandes tenedores éstos se encuentran obligados a aceptar alguna de las modalidades propuestas, la ley no obliga al propietario particular a aceptarlos.

Si bien siempre es aconsejable llegar a un acuerdo para evitar males mayores, en caso de que éste no sea posible, el arrendatario tendrá acceso al programa de ayudas transitorias que regula la propia norma en el artículo 9.

Estas ayudas consisten en créditos bancarios (avalados por el Estado) con un plazo de devolución de hasta 6 años, prorrogable excepcionalmente a otros 4, sin intereses. El importe máximo es el equivalente a 6 mensualida-des de renta.

Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros. Además, aquí te dejamos el link que te llevará directo al RDL 11/2020 para que puedas profundizar en cada una de las medidas aprobadas:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf