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Documentación para ciudadanos del Reino Unido y sus familiares, residentes en España.

  • Publicada el 9 de julio de 2020 – Celeste I. Arella Schienes

Estado: con conexiónCeleste Arella ScheinesAbogada, especializada en familia, civil, extranjería (también para empresas)1 artículo

Se acaba de publicar la Instrucción conjunta de la Dirección General de Migraciones y de la Dirección General de la Policía por la que se regula el procedimiento para la expedición de documento de residencia para todos aquellos ciudadanos del Reino Unido que residen actualmente en nuestro país.

Este procedimiento de documentación se diseña dentro del marco del Acuerdo de Retirada de la UE y va dirigido a los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualquier otra persona que resida en España con arreglo a las condiciones establecidas en dicho Acuerdo.

Por ello, si bien este colectivo de personas no tienen obligación de pedir una nueva condición de residente, sí tienen derecho o obtener un documento de residencia que acredite su condición de beneficiario del Acuerdo de retirada.

¿Quién lo puede solicitar?

Todos los nacionales del Reino Unido, familiares de ésto y cualquier otra persona que resida en España con arreglo a las condiciones establecidas en el Título II del Acuerdo.

Se aplica no sólo a aquellos ciudadanos que ya residían en España al momento de aprobarse el llamado Brexit, sino también a todos aquellos que hayan establecido o establezcan su residencia durante el período transitorio, es decir, hasta el 31/12/2020.

¿A partir de cuándo lo puedo solicitar?

La tramitación estará a disposición de los interesados a partir del 6 de julio de 2020, habilitándose a tal fin la posibilidad de pedir cita previa o bien la presentación telemática, dependiendo del tipo de trámite que se deba realizar y que explicaremos más adelante.

¿Hasta cuándo puedo presentar la solicitud?

Si el derecho de residencia en España comienza una vez finalizado el período transitorio, el plazo para presentar la solicitud será de 3 meses desde su llegada a España o desde que se produzca el nacimiento.

Para el resto, se aplica un período de 6 meses desde la finalización del período transitorio. Es decir, desde el 06/07/2020 hasta el 30/06/2021, si bien la norma que regula el denominado Brexit establece la posibilidad de acordar una prórroga de hasta 1 año.

En caso de presentar la solicitud de documentación fuera del plazo establecido, las autoridades competentes valorarán las circunstancias de dicho retraso y podrán conceder una prórroga al interesado para subsanar la presentación.

¿Qué tipo de documentación me entregarán?

Se trata de un documento de residencia o permiso de residencia. La conocida como TIE (Tarjeta de Identificación de Extranjeros). Sin embargo, esta tarjeta hará constar en «tipo de permiso» la leyenda «artículo 50 TUE», dejando constancia se que trata de ciudadanos del Reino Unido para el reconocimiento de los derechos que dicho estatus concede.

¿Se trata de un permiso de residencia temporal?

Para establecer la caducidad del documento de residencia se tendrán en cuenta los años de residencia previos en España. Así, por ejemplo, si la persona interesada lleva más de 5 años residiendo en nuestro país, se le concederá una residencia de carácter permanente, debiendo renovar el documento cada 10 años. Se indicará en el Tipo de permiso, el término «permanente».

Si, por el contrario, la residencia en España es inferior a los 5 años, el permiso de residencia tendrá una validez de 5 años y consignará el término «temporal» en el Tipo de permiso.

¿Cuál es procedimiento que debo seguir?

Dependerá de la situación en cada caso concreto.

Si somos ciudadanos británicos con certificado de registro o familiares extracomunitarios titulares de una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano UE, se deberá tramitar el canje del certificado o de la tarjeta ante la Policía, solicitando cita previa y seleccionando la opción «Policía – Exp. tarjeta asociada al acuerdo de retirada ciudadanos británicos y sus familiares (Brexit)«

Si, por el contrario, residimos en España sin certificado de registro (tanto para el ciudadano británico, como para sus familiares extracomunitarios sin tarjeta de residencia), debemos realizar el trámite ante las Oficinas de Extranjería, bien de forma telemática o presencial previa solicitud de cita previa.

Tras el trámite ante la Oficina de Extranjería, se deberá realizar un segundo trámite ante la Policía, para la expedición de la correspondiente TIE, dentro del mes siguiente a la resolución de extranjería.

¿Debo pagar alguna tasa?

Sí. Para la expedición de la tarjeta de residencia se debe haber abonado previamente la tasa correspondiente. El importe es de 12€

¿Qué documentación debo presentar?

Para aquellos que se encuentran en el primer supuesto (ciudadanos británicos y sus familiares con certificado de registro o tarjeta de residencia), se deberá presentar el día de la cita en comisaría:

  • el formulario de solicitud (EX-23);
  • la tasa abonada;
  • el pasaporte en vigor junto con una copia de la página biométrica;
  • una fotografía tipo carnet con fondo blanco;
  • original y copia el certificado de empadronamiento (expedido en los últimos 3 meses) si se ha cambiado de domicilio;
  • el certificado de registro de ciudadano de la UE o TIE

Para el trámite ante la Oficina de Extranjería deberá aportarse la siguiente documentación:

  • el pasaporte en vigor
  • la documentación acreditativa del inicio de la residencia en España
  • la acreditación de medios de vida
  • para el supuesto de tratarse de familiares extracomunitarios, además debemos presentar documentación que acredite el vínculo familiar con el ciudadano británico (traducido y apostillado), certificado de registro o residencia del nacional británico y, en su caso, acreditación de vivir a cargo del nacional del Reino Unido del que es familiar.

Si tienes cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podemos ayudarte con éste y otros trámites.

AGRUPAB Legal Solutions – www.agrupab.com

La custodia de los menores tras la ruptura familiar

  • Celeste I. Arella Scheines – 26 de junio de 2020

La diversidad normativa de nuestro país (con una regulación a nivel estatal y leyes especiales en aquellas Comunidades Autónomas que tienen su propio derecho civil en materia de familia), así como la gran disparidad de criterios judiciales existentes a lo largo de nuestra geografía a la hora de regular un tema tan sensible y delicado como la custodia de los menores, han llevado al CGPJ a redactar la Guía de criterios de actuación judicial para decidir sobre la custodia de los hijos tras la ruptura matrimonial.

Con un título desafortunado, ya que parece dejar fuera a las familias constituidas sobre la unión estable, aborda diferentes cuestiones de interés y reclama una regulación más prolija que aborde los distintos aspectos que se ven afectados al momento de producirse la ruptura.

La guía parte de la premisa de que no se debe establecer un sistema de guarda y custodia preferente, sino que los operadores jurídicos (jueces y fiscales) deben valorar cada situación en particular para poder dar la mejor respuesta al caso concreto. Y siempre haciendo primar el interés superior del menor por encima de cualquier automatismo judicial o interés económico de las partes.

Compartimos este criterio. Quienes estamos cada día en los tribunales sabemos que en muchas ocasiones se solicita uno u otro tipo de custodia por las repercusiones económicas que puede tener cada modelo. También somos testigo de cómo muchos operadores judiciales tienen como punto de partida una custodia compartida, a la que fuerzan a las partes de manera obstinada y sin atender a la realidad familiar que se les plantea.

Esta Guía pone de manifiesto esta realidad y, por ello, entiende que se debe abordar una reforma legislativa que de mayor seguridad jurídica a las partes afectadas, así como mejores herramientas a los jueces y fiscales.

El documento es muy extenso (más de 400 páginas). Aunque hay aspectos importantes que debemos resaltar:

  • El interés superior del menor como criterio primordial;
  • La custodia compartida no es, necesariamente, una reparto equitativo del tiempo, sino una verdadera co-responsabilidad en los cuidados, crianza y educación de las/los hijas/os;
  • Establecer criterios claros para la atribución del uso de la vivienda en casos de custodia compartida;
  • Establecer criterios claros respecto a la manutención de los menores por parte de sus progenitores;
  • Limitar / prohibir el establecimiento de régimen de custodia compartida en supuesto de violencia de género o familiar, incluso cuando no exista denuncia previa, si el juez aprecia (dentro del proceso de familia) indicios de violencia.

En cuanto al interés superior del menor, éste debe primar siempre (y en cualquier ámbito) en que las decisiones de las Administraciones puedan tener repercusiones para ellos. Entre uno de los instrumentos que lo garantizan es la audiencia de los hijos e hijas antes de tomar una decisión judicial.

Dice la Guía que deben buscarse cuando hablamos de custodia compartida se deben buscar fórmulas que superen el estricto reparto del tiempo,y que supongan un reparto más profundo. Repartirnos el tiempo de guarda no siempre es sinónimos de reparto en los deberes y obligaciones parentales. Sabemos que la determinación o reparto de los cuidados puede ser especialmente complejo. Pero es primordial entender el alcance de cada una de las figuras jurídicas, ya que nos afectarán en nuestro día a día a partir de la resolución judicial. De hecho, el artículo 92.1 del Código Civil ya dice (aunque de forma muy genérica) que «la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con sus hijos«.

El uso de la vivienda familiar, con la regulación actual (art. 96 del Código Civil) puede ser un verdadero quebradero de cabeza y una motivación para los progenitores a la hora de defender uno u otro sistema de guarda.

La redacción actual de este artículo es, efectivamente, muy deficiente, y encasilla ciertos criterios de forma automática. Parte de la premisa de que el uso de la vivienda corresponde a los hijos y al progenitor que ostente su guarda. Si los hijos se reparten entre ambos progenitores (unos hijos con uno y otros hijos con el otro) «el Juez resolverá lo procedente«, sin dar más elementos de valoración. Entendemos que este puede ser el supuesto que más se asemeje a una custodia compartida ya que en ésta, aunque los hijos están juntos, pasan períodos con uno y otro progenitor y se encuentran bajo la guarda de ambos. La frase de «resolverá lo procedente» y nada, es casi lo mismo y por eso es importante dar algunos criterios de mínimos que puedan ofrecer mayor seguridad jurídica y evitar que el uso de la vivienda se convierta en un elemento distorsionador a la hora de buscar el mejor modelo de custodia para los niños y niñas.

Lo mismo sucede con la redacción del art. 93 del Código Civil, cuando se dice que el juez «determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos» de los hijos. Esta pobre regulación sumada a la tradición de que, hasta ahora, era la madre quien se quedaba con la guarda y custodia de los hijos comunes y el padre contribuía económicamente a su sustento, ha disparado el imaginario social de que la custodia compartida libera a los progenitores (especialmente al padre) de contribuir económicamente al sustento y necesidades de sus hijos.

Vivan con quien vivan los menores (mayoritariamente con uno de los progenitores o alternativamente de forma compartida), lo cierto es que son ambos (madre y padre) quienes deben contribuir a su sustento. Si los ingresos de ambos son equivalentes, el problema se simplifica. Pero si uno de los dos tiene ingresos mayores, nada obsta para que se establezca el pago de una pensión de alimentos a favor de los hijos que deberá pagarse al progenitor más desfavorecido económicamente. Incluso en una custodia compartida. Al final, se trata de establecer ciertos equilibrios para evitar que la ruptura sentimental pueda perjudicar de forma especial a la parte más débil.

Por último, la limitación o prohibición de un régimen de custodia o de visitas a favor del progenitor que ha ejercido o ejerce violencia de género, puede parecer obvio. Pero no lo es. Hay una tendencia (bastante asentada) de entender que el hecho de ejercer violencia sobre tu esposa o pareja no te convierten, necesariamente, en un mal padre.

Esta afirmación resulta del todo aberrante. Cuando se ejerce violencia sobre una persona (en este caso, violencia de género) en el ámbito familiar, es evidente que los hijos, incluso sin haber presenciado de forma directa esa violencia, crecen en un ambiente que les perjudica. La madre está condicionada por la violencia que soporta a diario y esto, necesariamente, influye en la crianza de los hijos. También es sabido por quienes trabajan especialmente en los ámbitos de violencia sobre la mujer, que cuando el maltratador pierde el control directo sobre la víctima (por ruptura de la convivencia, por ejemplo), intentará seguir ejerciendo violencia a través de los hijos, ya que son el único eslabón de conexión entre ambos.

Preservar a los hijos e hijas y también a la víctima de una situación que prolongue la violencia, debe ser un objetivo primordial. Si abogamos verdaderamente por la protección del interés superior del menor, ésta debe ser transversal y afectar a todas las medidas que tomemos en el ámbito de familia. De lo contrario, su efectividad quedará reducida al mero reparto de tiempos entre uno y otro progenitor, manteniendo una situación de desamparo y desprotección.

En definitiva, la Guía resulta de interés porque pone en evidencia la necesidad de una reforma legislativa y una mayor especialización de la justicia en el ámbito de familia.

Sería deseable, también, que aprovechando esta iniciativa se impartiera formación especializada en violencia de género a los operadores jurídicos en el ámbito de familia. Las decisiones que se toman con motivo de la ruptura de pareja condicionan, y mucho, las relaciones familiares. Cuando, además, se ha ejercido o se ejerce violencia sobre la mujer, estas decisiones pueden ayudar a una protección más integral de las víctimas (mujer e hijos/as) o bien perpetuar la relación de poder y violencia.

Nuevas prórrogas relativas a los documentos de extranjeros

Hace unos días se dictó la Instrucción 9/2020 por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en la que se dictan una serie de instrucciones en relación a la prórroga automática de la documentación competencia de las Unidades Territoriales de Extranjería.

En el siguiente cuadro podrás consultar tu situación

Además de estas situaciones, la Instrucción abre la posibilidad de anular las cartas de invitación expedidas con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma y que, por ese motivo, no se hayan podido utilizar. Esta anulación supone, también, el reembolso de las tasas abonadas para su tramitación.

En cualquier caso, para este supuesto, es obligatoria la entrega del original de la carta de invitación.

Finalmente, se recoge de manera formal, la anulación de todas las citas concedidas hasta el 21/05/2020 para la renovación de los documentos indicados más arriba.

El Gobierno aprueba la prórroga automática de las autorizaciones de estancia y residencia

Celeste I. Arella Scheines, 20/05/2020

En el día de hoy (20/05/2020) se publicó en el BOE la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dice la Orden que, con el fin de garantizar la seguridad jurídica que se ha podido ver afectada por el Estado de Alarma, debido a la imposibilidad de presentar las solicitudes de renovación de las estancias y residencias de extranjeros, es necesario dar una solución no sólo a los extranjeros afectados, sino también a los empleadores y demás operadores sociales y económicos.

Es una medida, entendemos, que servirá también para descongestionar las Oficinas de Extranjería del previsible aluvión de solicitudes que se hubiera producido de aquí a poco.

Así, determina que todas las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y las autorizaciones de estancia por estudios cuya vigencia haya expirado en los noventa días naturales previos al Estado de Alarma y durante éste, quedarán automáticamente prorrogados sin necesidad de notificación alguna, por un plazo de 6 meses desde la finalización del Estado de Alarma.

Dice también la norma que la prórroga quedará sin efecto cuando la resolución que recaiga en el procedimiento iniciado fuera más favorable para el interesado. Por ejemplo, si tengo una autorización de estancia por estudios que se venció y, al momento de solicitar la prórroga he solicitado una modificación a residencia y trabajo, tendré prorrogada de forma automática mi estancia por estudios. Pero si, antes de los 6 meses de prórroga me conceden la modificación, evidentemente esa prórroga automática caerá por la resolución más favorable.

Esta prórroga afecta tanto a quienes no pudieron presentar la solicitud de renovación por las circunstancias actuales, como a aquellos que sí la han presentado.

¿Debo esperar a que finalice esta prórroga para renovar? No, el artículo 1.6 establece que se podrá presentar en cualquier momento durante la vigencia de la prórroga y hasta 90 días naturales después. Pero, ¡cuidado! la nueva autorización o prórroga tendrá como fecha de inicio «el día siguiente al de la caducidad de la autorización prorrogada».

Te dejamos aquí la lista de autorizaciones y permisos que se ven beneficiadas por la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo.

Prórroga automática de 6 meses

  • Autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo
  • Autorizaciones de estancia por estudio, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, de más de 180 días. Quedan excluidos de esta prórroga automática las estancias formativas de extranjeros reguladas en el artículo 30 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero
  • Tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión Europea
  • Tarjetas de residencia de larga duración

Prórroga automática de 3 meses

  • Estancias de hasta 90 días (por ejemplo, quienes viajan como turistas). En este caso, la validez queda limitada al territorio español y el período de prórroga se computará para el cálculo de tiempo máximo autorizado para futuras estancias.
  • Visados de larga duración expedidos al amparo de un acuerdo de movilidad de jóvenes y los visados por estudios de hasta 180 días.

¿Qué pasa si estoy fuera de España y se me ha caducado mi permiso? Dice la norma que todos aquellos nacionales de terceros países que fueran titulares de autorización de residencia, estudios, etc, y se encontraran en el extranjero, podrán entrar a España con su pasaporte en vigor y la TIE o el Visado caducado.

Por último, se establece que la ausencia del territorio español como consecuencia de la imposibilidad de desplazarse con motivo de las medidas de restricción del COVID-19, no serán computadas a los efectos de acreditar la continuidad de residencia (ya sea para futuras renovaciones como para la obtención de la nacionalidad). Celebramos las medidas aprobadas que, aunque tarde, están dando una respuesta a miles de personas. Sin embargo, echamos en falta medidas adicionales como, por ejemplo, eximir de la obtención de visado a aquellos extranjeros que han obtenido su permiso de residencia y trabajo inicial encontrándose en España. Este tipo de resoluciones están condicionadas a la tramitación del visado, que debe realizarse ante las delegaciones diplomáticas en el país de origen. El problema que se nos presenta es que los desplazamientos internacionales no son posibles, por lo que estas personas están «atrapadas» en España con un permiso que se hará efectivo hasta que ese viaje pueda realizarse…

Nuevas medias aprobadas por el Consejo de Ministros, para paliar el impacto económico del COVID-19

Celeste I. Arella Scheines, 01/04/2020

Hoy, 01/04/2020, se publicó en el BOE el extenso Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Entre la gran cantidad de medidas adoptadas, y que deberán ser avaladas por el Congreso, especial interés han suscitado las que completan las ya aprobadas días antes para la protección de la vivienda habitual, de todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Entre estas medidas, y a grandes rasgos, encontramos las siguientes:

  • Suspensión de lanzamientos en procedimiento de desahucio.

El RDL 11/2020 establece que en todos los procedimientos de desahucios derivados de contratos de arrendamientos de vivienda en que la persona arrendataria (inquilino) acredite ante el Juzgado correspondiente encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica como consecuencia de la crisis del COVID-19, se procederá a la suspensión del acto de lanzamiento o de la vista (si no se hubiera señalado o celebrado) por un período máximo de seis meses. Esta suspensión deberá ir acompañada de la comunicación a los servicios sociales competentes para que articulen las medidas necesarias que den una solución habitacional adecuada.

  • Moratoria automática de las cuotas de alquiler cuando el propietario del inmueble sea gran tenedor o empresa o entidad pública de vivienda.

Cuando el propietario del inmueble (arrendador) sea titular de más de 10 inmuebles urbanos (se excluyen garajes y trasteros) o de una superficie construida de más de 1.500 m2, el arrendatario deberá solicitar en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma (es decir, a partir del 02/04/2020) alguna de las siguientes opciones:

a) Reducción del 50 % de la renta;

b) Aplazar el pago de la renta. Este aplazamiento supondrá el fraccionamiento (sin intereses) de las cuotas durante al menos tres años a contar desde el plazo de superación del estado de alarma.

En ambos casos, la medida afecta a las rentas devengadas durante el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo resultara insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19, y por un tiempo máximo de 4 meses.

En este caso, como en todos los supuestos abordados por la norma, se trata de proteger la vivienda habitual y no otro tipo de alquileres como los de segundas residencias, locales u oficinas.

  • ¿Quién está en situación de vulnerabilidad económica?

El artículo 5 del RDL 11/2020 regula las condiciones que deben acreditarse para considerar que el arrendatario que solicita las medidas anteriores se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Así, deben concurrir todos los requisitos establecidos que, a grandes rasgos, son:

a) Pérdida de ingresos. cuando el inquilino pase a estar en situación de desempleo, haya sufrido un ERTE o reducido su jornada si trabajaba en relación de dependencia, o que haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos de la unidad familiar en los casos de autónomos o empresas (total de personas que conviven en el domicilio en cuestión) inferiores a tres veces el IPREM, es decir, 1.613,52€ mensuales. Esta cantidad se incrementará en 53,78€ por cada hijo a cargo. El límite se incrementará a 4 veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33% o en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para trabajar. Y a 5 veces el IPREM si el obligado al pago de las rentas se encontrara en la situación de incapacidad indicada.

b) Que la renta más los gastos y suministros básicos sean iguales o superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar

Ahora bien, si tu vivienda habitual es de alquiler, pero eres propietario o usufructuario de otro inmueble, quedarás excluido de estas medidas.

  • ¿Qué puedo hacer si el propietario es un particular?

En este caso, la norma prevé (artículo 8) que aquellos arrendatarios que se encuentren en la situación de vulnerabilidad económica ya explicada, puedan solicitar al arrendador, en el plazo de 1 mes desde el 02/04/2020, el aplazamiento temporal o condonación total o parcial de la renta. No obstante, mientras en el supuesto de grandes tenedores éstos se encuentran obligados a aceptar alguna de las modalidades propuestas, la ley no obliga al propietario particular a aceptarlos.

Si bien siempre es aconsejable llegar a un acuerdo para evitar males mayores, en caso de que éste no sea posible, el arrendatario tendrá acceso al programa de ayudas transitorias que regula la propia norma en el artículo 9.

Estas ayudas consisten en créditos bancarios (avalados por el Estado) con un plazo de devolución de hasta 6 años, prorrogable excepcionalmente a otros 4, sin intereses. El importe máximo es el equivalente a 6 mensualida-des de renta.

Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros. Además, aquí te dejamos el link que te llevará directo al RDL 11/2020 para que puedas profundizar en cada una de las medidas aprobadas:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Prórroga del plazo de suspensión de lanzamiento al deudor hipotecario

Celeste I. Arella Scheines, 11/03/2020

Hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medias urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

Entre otras cuestiones, aborda la problemática de los desahucios de aquellas personas que, habiendo sido propietarias de su vivienda habitual, perdieron sus hogares a causa de las ejecuciones hipotecarias instadas por las entidades bancarias frente a los impagos de cuotas.

Ya en el año 2013, el gobierno aprobó la Ley 1/2013, de 14 de mayo, a fin de atajar la gran problemática que suponían los lanzamientos de aquellos deudores que habían perdido la propiedad pero que estaban inmersos en una situación de vulnerabilidad económica y/o social que los dejaba, literalmente, en la calle, sin alternativa habitacional.

Entonces, se aprobó la suspensión de los lanzamientos por un período de dos años. Este plazo, extremadamente corto dada la profundidad de la crisis económica que atravesaba el país, debió modificarse. Así, unos años más tarde, la Ley 5/2017, prorrogaba la prohibición de los lanzamientos hasta transcurridos siete años desde la entrada en vigor de la ley.

Los siete años se cumplían en el mes de mayo de 2020. A las puertas de una posible oleada de nuevos lanzamientos, en medio de un período de recesión económica, se acaba de aprobar una nueva prórroga que protege a un importante sector social.

La nueva normativa, modifica nuevamente el artículo 1 de la Ley 1/2013 y extiende el plazo de protección habitacional hasta los 11 años desde la aprobación de la ley, es decir, hasta el mes de mayo de 2024.

También flexibiliza los criterios para considerar que el entonces deudor hipotecario se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. Un ejemplo lo encontramos en la reforma del artículo 1.2.b). En la redacción original, se encontraban protegidas las unidades familiares monoparentales con, al menos, dos hijos a cargo, en tanto que la nueva redacción dada por el RDL 6/2020, extiende la protección a aquellas familias monoparentales con sólo un hijo a cargo.

Una decisión acertada, sin duda. Pero sigue siendo un parche que no da una solución real al gran problema de acceso a la vivienda que sufre nuestro país.