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La custodia de los menores tras la ruptura familiar

  • Celeste I. Arella Scheines – 26 de junio de 2020

La diversidad normativa de nuestro país (con una regulación a nivel estatal y leyes especiales en aquellas Comunidades Autónomas que tienen su propio derecho civil en materia de familia), así como la gran disparidad de criterios judiciales existentes a lo largo de nuestra geografía a la hora de regular un tema tan sensible y delicado como la custodia de los menores, han llevado al CGPJ a redactar la Guía de criterios de actuación judicial para decidir sobre la custodia de los hijos tras la ruptura matrimonial.

Con un título desafortunado, ya que parece dejar fuera a las familias constituidas sobre la unión estable, aborda diferentes cuestiones de interés y reclama una regulación más prolija que aborde los distintos aspectos que se ven afectados al momento de producirse la ruptura.

La guía parte de la premisa de que no se debe establecer un sistema de guarda y custodia preferente, sino que los operadores jurídicos (jueces y fiscales) deben valorar cada situación en particular para poder dar la mejor respuesta al caso concreto. Y siempre haciendo primar el interés superior del menor por encima de cualquier automatismo judicial o interés económico de las partes.

Compartimos este criterio. Quienes estamos cada día en los tribunales sabemos que en muchas ocasiones se solicita uno u otro tipo de custodia por las repercusiones económicas que puede tener cada modelo. También somos testigo de cómo muchos operadores judiciales tienen como punto de partida una custodia compartida, a la que fuerzan a las partes de manera obstinada y sin atender a la realidad familiar que se les plantea.

Esta Guía pone de manifiesto esta realidad y, por ello, entiende que se debe abordar una reforma legislativa que de mayor seguridad jurídica a las partes afectadas, así como mejores herramientas a los jueces y fiscales.

El documento es muy extenso (más de 400 páginas). Aunque hay aspectos importantes que debemos resaltar:

  • El interés superior del menor como criterio primordial;
  • La custodia compartida no es, necesariamente, una reparto equitativo del tiempo, sino una verdadera co-responsabilidad en los cuidados, crianza y educación de las/los hijas/os;
  • Establecer criterios claros para la atribución del uso de la vivienda en casos de custodia compartida;
  • Establecer criterios claros respecto a la manutención de los menores por parte de sus progenitores;
  • Limitar / prohibir el establecimiento de régimen de custodia compartida en supuesto de violencia de género o familiar, incluso cuando no exista denuncia previa, si el juez aprecia (dentro del proceso de familia) indicios de violencia.

En cuanto al interés superior del menor, éste debe primar siempre (y en cualquier ámbito) en que las decisiones de las Administraciones puedan tener repercusiones para ellos. Entre uno de los instrumentos que lo garantizan es la audiencia de los hijos e hijas antes de tomar una decisión judicial.

Dice la Guía que deben buscarse cuando hablamos de custodia compartida se deben buscar fórmulas que superen el estricto reparto del tiempo,y que supongan un reparto más profundo. Repartirnos el tiempo de guarda no siempre es sinónimos de reparto en los deberes y obligaciones parentales. Sabemos que la determinación o reparto de los cuidados puede ser especialmente complejo. Pero es primordial entender el alcance de cada una de las figuras jurídicas, ya que nos afectarán en nuestro día a día a partir de la resolución judicial. De hecho, el artículo 92.1 del Código Civil ya dice (aunque de forma muy genérica) que «la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con sus hijos«.

El uso de la vivienda familiar, con la regulación actual (art. 96 del Código Civil) puede ser un verdadero quebradero de cabeza y una motivación para los progenitores a la hora de defender uno u otro sistema de guarda.

La redacción actual de este artículo es, efectivamente, muy deficiente, y encasilla ciertos criterios de forma automática. Parte de la premisa de que el uso de la vivienda corresponde a los hijos y al progenitor que ostente su guarda. Si los hijos se reparten entre ambos progenitores (unos hijos con uno y otros hijos con el otro) «el Juez resolverá lo procedente«, sin dar más elementos de valoración. Entendemos que este puede ser el supuesto que más se asemeje a una custodia compartida ya que en ésta, aunque los hijos están juntos, pasan períodos con uno y otro progenitor y se encuentran bajo la guarda de ambos. La frase de «resolverá lo procedente» y nada, es casi lo mismo y por eso es importante dar algunos criterios de mínimos que puedan ofrecer mayor seguridad jurídica y evitar que el uso de la vivienda se convierta en un elemento distorsionador a la hora de buscar el mejor modelo de custodia para los niños y niñas.

Lo mismo sucede con la redacción del art. 93 del Código Civil, cuando se dice que el juez «determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos» de los hijos. Esta pobre regulación sumada a la tradición de que, hasta ahora, era la madre quien se quedaba con la guarda y custodia de los hijos comunes y el padre contribuía económicamente a su sustento, ha disparado el imaginario social de que la custodia compartida libera a los progenitores (especialmente al padre) de contribuir económicamente al sustento y necesidades de sus hijos.

Vivan con quien vivan los menores (mayoritariamente con uno de los progenitores o alternativamente de forma compartida), lo cierto es que son ambos (madre y padre) quienes deben contribuir a su sustento. Si los ingresos de ambos son equivalentes, el problema se simplifica. Pero si uno de los dos tiene ingresos mayores, nada obsta para que se establezca el pago de una pensión de alimentos a favor de los hijos que deberá pagarse al progenitor más desfavorecido económicamente. Incluso en una custodia compartida. Al final, se trata de establecer ciertos equilibrios para evitar que la ruptura sentimental pueda perjudicar de forma especial a la parte más débil.

Por último, la limitación o prohibición de un régimen de custodia o de visitas a favor del progenitor que ha ejercido o ejerce violencia de género, puede parecer obvio. Pero no lo es. Hay una tendencia (bastante asentada) de entender que el hecho de ejercer violencia sobre tu esposa o pareja no te convierten, necesariamente, en un mal padre.

Esta afirmación resulta del todo aberrante. Cuando se ejerce violencia sobre una persona (en este caso, violencia de género) en el ámbito familiar, es evidente que los hijos, incluso sin haber presenciado de forma directa esa violencia, crecen en un ambiente que les perjudica. La madre está condicionada por la violencia que soporta a diario y esto, necesariamente, influye en la crianza de los hijos. También es sabido por quienes trabajan especialmente en los ámbitos de violencia sobre la mujer, que cuando el maltratador pierde el control directo sobre la víctima (por ruptura de la convivencia, por ejemplo), intentará seguir ejerciendo violencia a través de los hijos, ya que son el único eslabón de conexión entre ambos.

Preservar a los hijos e hijas y también a la víctima de una situación que prolongue la violencia, debe ser un objetivo primordial. Si abogamos verdaderamente por la protección del interés superior del menor, ésta debe ser transversal y afectar a todas las medidas que tomemos en el ámbito de familia. De lo contrario, su efectividad quedará reducida al mero reparto de tiempos entre uno y otro progenitor, manteniendo una situación de desamparo y desprotección.

En definitiva, la Guía resulta de interés porque pone en evidencia la necesidad de una reforma legislativa y una mayor especialización de la justicia en el ámbito de familia.

Sería deseable, también, que aprovechando esta iniciativa se impartiera formación especializada en violencia de género a los operadores jurídicos en el ámbito de familia. Las decisiones que se toman con motivo de la ruptura de pareja condicionan, y mucho, las relaciones familiares. Cuando, además, se ha ejercido o se ejerce violencia sobre la mujer, estas decisiones pueden ayudar a una protección más integral de las víctimas (mujer e hijos/as) o bien perpetuar la relación de poder y violencia.

Nuevas prórrogas relativas a los documentos de extranjeros

Hace unos días se dictó la Instrucción 9/2020 por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en la que se dictan una serie de instrucciones en relación a la prórroga automática de la documentación competencia de las Unidades Territoriales de Extranjería.

En el siguiente cuadro podrás consultar tu situación

Además de estas situaciones, la Instrucción abre la posibilidad de anular las cartas de invitación expedidas con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma y que, por ese motivo, no se hayan podido utilizar. Esta anulación supone, también, el reembolso de las tasas abonadas para su tramitación.

En cualquier caso, para este supuesto, es obligatoria la entrega del original de la carta de invitación.

Finalmente, se recoge de manera formal, la anulación de todas las citas concedidas hasta el 21/05/2020 para la renovación de los documentos indicados más arriba.